La Sihuehuet06

Por Patricia Iraheta

El período posterior a los Acuerdos de Paz, considerado como de transición a la democracia ha tenido sobre su base el ejercicio del partido Alianza Republicana Nacionalista – ARENA- han jugado diferentes roles en esta transición.

A la firma de los Acuerdos de Paz, durante el período de Alfredo Cristiani (1989-1994), le siguió el compromiso de impulsar las instituciones principales que se acordaron crear como parte de este proceso en el gobierno de Calderón Sol. Es el gobierno de Francisco Flores el que se caracteriza por el cierre de posibilidades de negociación y construcción de procesos democráticos con los diversos sectores sociales. Se considera a este período como una gestión marcada por el autoritarismo y por el retroceso, un estancamiento en la democratización.

El debilitamiento de la construcción de una institucionalidad democrática ha sido proporcional a la ejecución de las políticas macroeconómicas impulsadas desde el período del gobierno de Cristiani. Con la llegada del partido ARENA al control del Órgnao Ejecutivo, en 1989, se inició un cambio importante en la política económica. Quedaron atrás años de proteccionismo y de intervención del Estado en la economía y se inició un proceso de apertura de mercado y reducción del papel del Estado como propietario de empresas y como regulador de la actividad económica. Este se expresa en el plan de Gobierno de Desarrollo Económico y Social.

Este período se caracteriza por la crisis del modelo agro exportador y por el incremente de las remesas familiares que progresivamente se han convertido en uno de los potenciales soportes de la economía. Los procesos de privatización y las medidas marcadas por las políticas de ajuste estructural han sido una constante durante los últimos quince años. Con lo anterior, podríamos confirmar que la llamada democratización se ha estancado en la medida que el proyecto económico y político de ARENA se ha consolidado y ha negado uno de sus principales principios como es de ser un “instrumento al servicio de finalidades colectivas”[1]. La precarización de las condiciones de vida ha impactado de manera desigual a los diversos estratos sociales, así como a mujeres y hombres.

Se ha considerado que los acuerdos dieron pie a la “expresión del nuevo consenso de la Nación, que implica un nuevo pacto social, una especie de refundación del Estado y de la Nación salvadoreña”[2]. Dicho consenso no ha sido capaz de avanzar más allá de la inserción dentro del poder legislativo y los gobiernos locales y convirtiéndose en la segunda fuerza política partidaria del país. La transición democrática y sus actores no han tenido potencialidad para mejorar las condiciones de vida de la población.

Sin embargo, la transición abrió algunas fisuras; pequeños espacios que, determinados por una diversidad de factores, han permitido que en materia de ciudadanía de las mujeres dieran algunos pasos, pequeños avances que han contribuido en la apertura un nuevo proceso que, aunque lento, ha tenido sobre su base la búsqueda de una ciudadanía activa de las mujeres y la transformación de las relaciones de género. Se considera que para 1994 existían ya 150 organizaciones de mujeres registradas, que realizaban esfuerzos de coordinación para diversos aspectos siendo los más relevantes el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer y el 25 de noviembre Día de la No Violencia contra las Mujeres”[3]

El potencial organizativo adquirido durante el conflicto permitió a las organizaciones de mujeres fortalecer un movimiento político que abrió las posibilidades que los Acuerdo en sí mismos no lograron, como es de poner en las demandas públicas la condición de discriminación, exclusión y subordinación de las mujeres y hacer del sistema político un sistema que se preocupara por insertar las necesidades de las mujeres dentro de sus políticas.

Las organizaciones y expresiones del movimiento social pasaron a asumir un rol determinante en el aseguramiento del proceso, en viabilidad y dinamización determinado por la formulación de propuestas, el cabildeo y la incidencia política. La actuación del movimiento de mujeres radicalizó el debate público de la democracia, al demandar una institucionalidad favorable para las mujeres que considerara la mejora de condiciones de vida de las mujeres.

Los factores políticos que potenciaron la ciudadanía de las mujeres en este escenario y la identidad colectiva del movimiento de mujeres fueron diversos. El sentido de exclusión llevó a la necesidad de conformarse como grupo, dentro de ello se ubican coyunturas claves: dos encuentros nacionales de mujeres, uno regional, el VI Encuentro Feminista y la coyuntura electoral y Movimiento de Mujeres 94 con el cual se alcanzó una amplia participación y concertación para la formulación de la Plataforma Mujeres 94.

El contexto de las elecciones de 1994, consideradas como elecciones del siglo, abrió la posibilidad de cuestionar el rol tradicional de las mujeres en las elecciones, que hasta ese momento se había limitado a elegir por los intereses de los otros y a reproducir el mismo sistema político. Con ello, ganar consenso para que las mujeres votaran por una plataforma para ellas mismas[4] era aún un gran desafío, que si bien no contribuyó a cambiar radicalmente la estructura política, sí constituyó un hecho histórico, en tanto que posicionó en este contexto sus principales demandas.

En las elecciones de 1994 ganó nuevamente la derecha y las mujeres votaron mayoritariamente por ARENA, aunque seis de cada diez mujeres en edad de votar no lo hicieron[5]. La ajeneidad de las mujeres hacia la política fue un factor determinante, aunque también influyó la tradicional percepción de que los partidos políticos no resuelven nada. Es importante destacar también de que siglos de opresión y exclusión de las mujeres de este ámbito no se erradican con una campaña, por muy fuerte e impactante que sea, aún en las mujeres que ya están dentro del ejercicio político. Sin embargo, en el ámbito legislativo resultaron electas nueve mujeres por diversos partidos, con lo que se aumentó la representación se aumentó de 7.5% al 10.71%. La mayoría de mujeres electas, cinco, procedían de la coalición de izquierda.

Con el paso ganado en la coyuntura electoral de 1994 el movimiento de mujeres desarrolló acciones de “respaldo” para el nombramiento de dos mujeres como magistradas de la Corte Suprema de Justicia, legalización del 25 de noviembre como Día de la no violencia contra las mujeres, nombrar a una mujer como Procuradora de los Derechos Humanos[6] institución creada a partir de los Acuerdos de Paz.

Podríamos decir que, pese a todo el contexto y que las mujeres no salieron en masa a posicionarse de la plataforma y a votar en las elecciones de 1994, esta coyuntura abrió un espacio más en la ciudadanía de las mujeres, sacó de la casa aquellos en la discusión de quienes tradicionalmente los habían en sus diversas expresiones, avanzaron, al haber puesto en la agenda política sus demandas, y al posicionarse el movimiento de mujeres como sujeto político.

La década de los años noventa se caracteriza por la diversidad de conferencias internacionales[7] que buscan establecer acuerdos globales para el desarrollo social y, dentro de ello, el desarrollo de las mujeres. La IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, 1995, representa el mayor consenso de gobiernos a nivel internacional para abordar la problemática de las mujeres desde las políticas públicas. La Convención de Belem Do Pará permitió, en este mismo período, que los gobiernos de Latinoamérica impulsaran legislaciones para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Dichos instrumentos han sido un bastión importante para que actualmente se cuente en la institucionalidad del Estado con un marco básico legislativo, siendo los principales avances en materia de violencia y paternidad responsable[8].

Pese a que ambas problemáticas la ley reproduce la familia como ámbito “natural” de las mujeres, ha contribuido a que el problema de la violencia hacia las mujeres, ha contribuido a que el problema de la violencia hacia las mujeres constituya un delito. Con ello se ha convertido en un problema público, con todas las limitantes. Existen actualmente avances en la búsqueda de un consenso social sobre que la violencia hacia las mujeres es una violación de derechos humanos y que, por lo mismo, debe ser penalizado. Las denuncias que en un primer momento eran incipientes ahora son crecientes en la medida que las mujeres van adquiriendo conciencia del valor que tienen. La ley incluye algunos aspectos positivos en el reconocimiento de la violencia sexual como delito, incluso dentro del matrimonio. Esto constituye un hito, con el cual las mujeres tienen ahora herramientas legales para exigir derechos básicos[9].

En cuanto a la paternidad irresponsable, la ley del finiquito moral que obliga a los candidatos a cargos públicos a presentar antes de asumir un cargo de elección popular, la constancia de no deudores en materia de cuota alimenticia y el decreto para el aguinaldo de niñas y niños, implicaron decretos legislativos que hicieron de la demanda de cuota alimenticia, a través de la Asociación de Madres Demandantes, un hecho político que llevó la paternidad irresponsable a la discusión legislativa y ejecutiva. Aunque la paternidad irresponsable sigue siendo una problemática en la sociedad salvadoreña, el hecho de que las personas candidatas a cargos públicos deben estar exonerados por la Procuraduría General de la República del pago de cuota alimenticia y que este constituya un requisito para la asunción de cargos públicos ha resignificando la manera de asumir funciones públicas, en tanto que para ellos se necesita estar solvente de responsabilidades ante las cuales se podía actuar con impunidad, presentándose por un lado como funcionarios y, por otro, como padres irresponsables.

En este mismo marco, se inició el proceso de formulación de la Política Nacional de la Mujer, tomando como parámetros los compromisos asumidos por el gobierno en Beijing y la Plataforma de Mujeres 94. Para su cumplimiento y ejecución fue creado el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de las Mujeres, ISDEMU, con aprobación de la Asamblea Legislativa. El rol que este asumiría sería el de ser el ente rector, crear estrategias, gestionar recursos para su cumplimiento ante instituciones sociales, entre ellos las organizaciones de mujeres. Tanto la PNM como el ISDEMU posicionaron dentro del Estado las demandas de las mujeres que los partidos políticos no incluyeron directamente en sus agendas.

Si bien las mujeres en este período tampoco hemos ganado más poder político formal, es decir, que no se ha logrado llegar de forma equitativa a los espacios donde se toman las decisiones: con las formas de hacer política desde las mujeres se han logrado hacer cambios básicos al Estado que en un contexto antidemocrático hubiesen sido más difíciles. Es este escenario el que nos replantea el carácter de ciudadanas considerando que “la ampliación de la ciudadanía de las comunidades, pero además en la ampliación de la representación en los poderes del Estado y de las instituciones políticas y sociales”[10].

Todos estos avances han encontrado su límite en la ausencia de voluntad política del gobierno anterior y en el actual discurso propagandístico de la presidencia de la República. Existe un silencio y ausencia del ISDEMU dentro de las prioridades del ejecutivo y por otro lado un discurso y propagan política en el que las mujeres aparecemos como parte de esa agenda. Después de un año de gobierno, la promesa política de que “las mujeres ya no estarán solas” no se ha traducido en acciones reales y en políticas concretas que contribuyan a resolver las problemáticas estructurales de las mujeres.

Las consecuencias del modelo económico impulsado por ARENA impactan principalmente a las mujeres en diversos ámbitos: como trabajadoras y como responsables del entorno familiar. Mientras, la influencia de los sectores fundamentalistas en las políticas de gobierno se incrementa y estigmatiza el cuerpo de las mujeres y su derecho a decidir. Los pequeños avances que los momentos breves de la transición democrática posibilitaron, se ven ahora amenazados y fragilizados, y con ello también la ciudadanía de las mujeres. Es ante este entorno que se sitúan los retos para las organizaciones y el movimiento de mujeres. Las acciones positivas para el empoderamiento y el fortalecimiento individual y colectivo de las mujeres son la base que posibilitó esos pequeños cambios, por tanto, son los mismos que nos sentimos llamadas a potenciar e impulsar en este próximo período.

[1] IBID, Doller Oller
[2] Shafick Hándal, Cit. Ricardo Ribera, Revista ECA, julio 1994, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

[3] Ana Lenna. Op. Cit. Candelaria Navas.

[4] Las principales demandas se centraban en aspectos como: Desarrollo Humano y Sostenible con Perspectiva de Género. Reforma Educativa con enfoque No Sexista. Educación Sexual. Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Atención primaria a la salud de las mujeres. Maternidad libre y voluntaria. Acceso a la vivienda. Reforma al sistema judicial para la incorporación de los derechos de las mujeres: violencia, laboral, agrario, familia. Cuotas de participación política, 50% en todos los organismos y cargos del Estado.

[5] Morena Herrera, Op. Cit.

[6] Elsa Morena, Mujeres y Política en El Salvador, FLACSO Costa Rica, San José, 1997.

[7] La Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (Copenhague, 1995), Conferencia Mundial de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), Conferencia Mundial de Educación para Todas y Todos (Jomtiem, 1990).

[8] La ley de Violencia Intrafamiliar, Código de Familia, diversos decretos legislativos para la erradicación de la paternidad irresponsable, No. 880, en 1996 para aguinaldo de niñas y niños, No. 954, Finiquito Moral: solvencia de paternidad a los diputados electos.

[9] Ello se confirma en la encuesta de género, llevada a cabo por el Instituto de Opinión Pública y la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida en 1999, la cual identifica entre los derechos más mencionados por las mujeres: derecho a no ser maltratada (25.6%), el derecho a ser respetada (19.8%), el derecho a la igualdad (10.2%).

[10] Raúl Leis, Desafíos regionales de la democracia, III Curso Regional para la Formación de Jóvenes Líderes de América Central y República Dominicana, 2000.